La justicia llamó al Poder Legislativo de CABA a cumplir con la sanción de un código ambiental después de 26 años
La justicia ha resuelto que la Ciudad de Buenos Aires debe establecer una serie de regulaciones ambientales de acuerdo con lo estipulado en la Constitución de la Ciudad. Además, ha llamado al Poder Legislativo a corregir esta «omisión» que ha prevalecido durante más de un cuarto de siglo, según información proporcionada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).
«La Constitución de la Ciudad en el año 1996 ordenó la aprobación de un Código Ambiental para la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2009, el Plan Urbano Ambiental (PUA) dispuso que debía aprobarse, pero desde el 96 hasta la fecha, la Legislatura omitió cumplir con esta obligación. Esto se agravó con la aprobación del nuevo Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación sin tratar el Código Ambiental», expresó Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa y presidente del ODC.
De manera similar, el juez Guillermo Scheibler afirmó que la falta de sanción del Código Ambiental no solo pasa por alto el mandato constitucional, sino que también menoscaba el derecho a la participación ciudadana, al no proporcionar el espacio prometido a los ciudadanos en el proceso legislativo.
María Eva Koutsovitis, candidata a legisladora por «El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos», también señaló que los ciudadanos de Buenos Aires han estado esperando durante 25 años que la legislatura apruebe un Código Ambiental. En estos 25 años de espera, la crisis ambiental y climática ha empeorado.
«La Ciudad está atravesando un proceso acelerado de calentamiento, la temperatura máxima anual aumentó en este período casi un grado, como consecuencia del deterioro y la destrucción de los grandes espacios verdes públicos, la sobreconstrucción descontrolada que arroja cotidianamente toneladas de cemento en nuestra ciudad y la cementación de la Costanera», agregó.
Koutsovitis también hizo hincapié en que en los 16 años de gestión macri-larretista en la Ciudad, se ha privatizado un área equivalente a 75 Plazas de Mayo de espacios verdes públicos, lo cual refleja una actitud de negación frente a los problemas climáticos.
Finalmente, el ODC concluye que el artículo 81, inciso 3, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece la responsabilidad del Gobierno Autónomo de Buenos Aires de desarrollar una planificación para la ciudad, y para ello, debe llevar a cabo un proceso de ordenamiento territorial y ambiental que sea participativo y constante.
